Un importante avance legislativo registró el proyecto de ley que busca fortalecer el control sobre la comercialización de medicamentos en Chile, estableciendo sanciones penales para profesionales de la salud que emitan recetas con el propósito de facilitar su venta ilegal.
Según informó el Senado de Chile, la Comisión de Salud concluyó el análisis particular de la iniciativa, luego de revisar 31 indicaciones presentadas al texto, que actualmente se encuentra en su primer trámite legislativo.
La propuesta busca combatir la circulación irregular de medicamentos, incorporando nuevas disposiciones relacionadas con la prescripción fraudulenta, la trazabilidad de los productos farmacéuticos y las condiciones para el funcionamiento de establecimientos del rubro.
Hasta 3 años de presidio por recetas fraudulentas
Uno de los principales aspectos aprobados por la comisión establece sanciones para los profesionales de la salud legalmente habilitados para prescribir medicamentos que emitan recetas con la única finalidad de permitir su comercialización ilegal.
De acuerdo con el texto respaldado, quienes incurran en esta conducta podrían enfrentar penas que van desde 61 días hasta 3 años de presidio, además de multas de entre 6 y 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
La medida busca incorporar expresamente la prescripción fraudulenta como delito dentro de la legislación que regula los productos farmacéuticos.
Prohíben medicamentos adulterados y falsificados
El proyecto también contempla prohibir la fabricación, importación, tenencia, distribución y transferencia de medicamentos adulterados, falsificados, alterados o contaminados.
Asimismo, establece que cuando una persona solicite medicamentos sin presentar una receta médica, las farmacias únicamente podrán vender aquellos productos autorizados para su expendio directo.
En estos casos, las cantidades comercializadas deberán ser compatibles con el consumo personal, familiar o con la duración habitual del tratamiento correspondiente.
Farmacias podrían perder su autorización sanitaria
Otra de las disposiciones aprobadas contempla sanciones para los propietarios o representantes legales de establecimientos farmacéuticos donde se cometan infracciones a la normativa.
Tras el respectivo sumario sanitario, los responsables podrían enfrentar la cancelación de la autorización sanitaria del establecimiento.
Adicionalmente, se establece una inhabilitación de tres años para obtener autorización sanitaria para cualquier tipo de establecimiento farmacéutico.
Entre las modificaciones respaldadas también se encuentran disposiciones relacionadas con la trazabilidad de los medicamentos y restricciones para la apertura de farmacias.
Proyecto deberá ser votado por el Senado
La iniciativa se originó en una moción presentada por los senadores Juan Luis Castro y Javier Macaya, junto a la senadora Ximena Órdenes y los exsenadores Francisco Chahuán y Juan Ignacio Latorre.
Durante su tramitación en la Comisión de Salud se revisaron 31 indicaciones, de las cuales 24 fueron presentadas por el Ejecutivo y siete por el senador Sergio Gahona, quien posteriormente retiró sus propuestas y respaldó las modificaciones impulsadas por el Ministerio de Salud.
Concluida esta etapa, el proyecto quedó en condiciones de ser analizado por la Sala del Senado.
Cabe precisar que las sanciones propuestas todavía no constituyen una ley vigente, debido a que la iniciativa debe continuar su tramitación legislativa.
Funcionarios del SAMU exponen dificultades laborales y operativas
En la misma sesión, la Comisión de Salud recibió al presidente de la Federación Nacional de Funcionarios SAMU (FENFUSACH), Roly Gutiérrez, quien expuso diversas dificultades que enfrentan los trabajadores de la atención prehospitalaria.
Entre los problemas mencionados se encuentran la falta de reconocimiento de su función dentro de la estructura administrativa, la ausencia de asignaciones de riesgo y la necesidad de establecer estándares nacionales para el funcionamiento del servicio.
El dirigente también abordó deficiencias en la mantención de ambulancias, la seguridad de los materiales transportados y la desactualización de diversas normas técnicas.
Frente a este escenario, planteó la necesidad de avanzar hacia la creación de un Servicio Nacional SAMU y una legislación específica que regule su funcionamiento.
Tras conocer estos antecedentes, la Comisión de Salud acordó enviar oficios al Ministerio de Salud, particularmente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para abordar las inquietudes expuestas por los funcionarios.
