La Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible el proyecto conocido como “Sueldos Protegidos”, iniciativa que busca reforzar la protección de las remuneraciones frente a embargos y que podría alcanzar, entre otros casos, a trabajadores que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).
La decisión fue adoptada este miércoles 23 de septiembre, luego de que la Sala revirtiera la inadmisibilidad que previamente había determinado la Comisión de Educación. De acuerdo con antecedentes publicados tras la sesión, la admisibilidad obtuvo 53 votos a favor y 51 en contra.
Es importante precisar que esta votación no significa que el proyecto haya sido aprobado como ley. La resolución únicamente permite que la propuesta continúe su tramitación en el Congreso y vuelva a la Comisión de Educación para la discusión de su contenido.
¿Qué busca cambiar el proyecto?
La propuesta apunta a modificar el artículo 57 del Código del Trabajo, norma que establece, como regla general, que las remuneraciones son inembargables, permitiéndose actualmente el embargo de la parte que exceda las 56 UF.
El proyecto busca precisar que esa protección se mantenga aun cuando el sueldo haya sido depositado o transferido a una cuenta bancaria, cuenta vista o de ahorro utilizada por el trabajador para recibir su remuneración.
Según los impulsores de la iniciativa, el objetivo es evitar que el dinero pierda su protección legal por el solo hecho de haber sido depositado en una cuenta y pase a ser considerado como un saldo susceptible de medidas de cobranza.
Para acreditar que los fondos corresponden efectivamente a una remuneración, la propuesta contempla mecanismos como el comprobante de pago o la glosa de la transferencia bancaria realizada por el empleador.
¿Se condonaría la deuda del CAE?
No. La iniciativa no contempla eliminar ni condonar las obligaciones asociadas al Crédito con Aval del Estado.
Lo que busca es mantener la protección de determinados recursos provenientes de remuneraciones frente a embargos, dentro de los límites establecidos por el Código del Trabajo. Esto tampoco impediría que las deudas puedan ser cobradas mediante otras vías legalmente disponibles.
El proyecto regresará ahora a la Comisión de Educación de la Cámara, donde continuará su análisis antes de eventuales nuevas votaciones durante su tramitación legislativa.
