La investigación por eventuales irregularidades en contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb sumó nuevas diligencias, luego de que la Fiscalía Oriente obtuviera autorización judicial para realizar allanamientos e incautar equipos electrónicos y documentación vinculada a exautoridades, exfuncionarios y otros involucrados en la causa.
Según antecedentes publicados por Mega Investiga, entre los domicilios considerados en las diligencias se encuentra el de Camila Rubio, exdirectora nacional de Junaeb durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, además de viviendas vinculadas a antiguas jefaturas y funcionarios que tuvieron responsabilidades en el área de alimentación escolar.
Investigación se originó tras revisión de contratos
De acuerdo con el citado medio, los antecedentes que dieron paso a la investigación surgieron luego de que la nueva administración de Junaeb revisara actuaciones y contratos correspondientes al período anterior y entregara información al Ministerio Público.
Uno de los focos de las indagatorias está relacionado con la empresa SOSER S.A., que recibió pagos por servicios de alimentación escolar en la Región de O’Higgins.
En una primera etapa, la investigación se concentró en posibles irregularidades relacionadas con la ejecución de contratos, entre ellas eventuales sobredeclaraciones de raciones, certificados que habrían permitido realizar pagos improcedentes con recursos públicos y el posible ingreso de información falsa a los sistemas de Junaeb.
Con el avance de las diligencias, la causa se amplió a la investigación de presuntos delitos como cohecho, soborno, tráfico de influencias, revelación de secreto y lavado de activos.
Fiscalía busca reconstruir decisiones adoptadas en Junaeb
La fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina obtuvo autorización del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para desarrollar una serie de diligencias destinadas a recuperar teléfonos celulares, computadores, comunicaciones y documentos que puedan aportar antecedentes sobre las licitaciones investigadas.
Además de Camila Rubio, entre las antiguas autoridades y funcionarios mencionados en la investigación aparecen el exjefe del Departamento de Alimentación Claudio Alcatruz, el exjefe del Departamento de Alimentación Estudiantil Francisco Pizarro, junto a Alejandro Layseca y María José Robles.
El objetivo de los investigadores es determinar cómo se adoptaron determinadas decisiones al interior de Junaeb, quiénes participaron de ellas y qué tipo de comunicaciones existieron entre funcionarios públicos y representantes o personas vinculadas a intereses privados.
Entre las hipótesis que analiza el Ministerio Público se encuentra una eventual entrega de información reservada, posibles intervenciones en actos administrativos y gestiones destinadas a favorecer intereses particulares en procesos de contratación pública. También se indaga si existieron beneficios económicos o laborales asociados a algunas de estas actuaciones.
Ejecutivos de empresa también son investigados
Las diligencias también alcanzaron a inmuebles relacionados con Jaime Rey Cortés y Matías Pizarro O’Ryan, quienes aparecen en calidad de imputados en la investigación.
La Fiscalía y la Brigada Anticorrupción de la PDI buscan establecer cuál habría sido la participación de integrantes de la gerencia y del directorio de SOSER en los hechos que se investigan.
En este contexto, se autorizó la incautación de teléfonos, computadores, discos duros, documentación y antecedentes bancarios que podrían estar relacionados con la causa. También se analiza una eventual responsabilidad penal de la empresa como persona jurídica.
Diligencias también llegaron al Congreso
La investigación se ha extendido más allá de Junaeb. De acuerdo con Mega Investiga, la justicia también autorizó diligencias en inmuebles vinculados a los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, al exdiputado Hugo Gutiérrez y al lobbista Darío Calderón.
Además, efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI realizaron diligencias en dependencias del Congreso Nacional, en el marco de la búsqueda de dispositivos electrónicos, documentación, antecedentes financieros y otros registros que puedan aportar a la investigación.
La Fiscalía deberá ahora analizar y cruzar la información obtenida durante los allanamientos para determinar si existió una eventual red destinada a influir en decisiones públicas relacionadas con millonarios contratos de alimentación escolar.
Cabe señalar que la investigación continúa en desarrollo y que las eventuales responsabilidades penales deberán ser determinadas por los tribunales de justicia.
