El Gobierno prepara una reforma al sistema penitenciario destinada a endurecer las condiciones de reclusión para internos considerados de alta peligrosidad, especialmente aquellos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.
La iniciativa forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y busca impedir que líderes de organizaciones delictivas continúen coordinando actividades criminales desde el interior de los recintos penitenciarios.
El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, explicó que la propuesta contempla establecer un régimen de mayor aislamiento para determinados reclusos, tomando como referencia aspectos del modelo italiano conocido como 41 bis.
Menos horas de patio
Entre los cambios que analiza el Ejecutivo se encuentra la reducción del tiempo que los internos de mayor peligrosidad pueden permanecer en los patios de los establecimientos penitenciarios.
Según Guerrero, las modificaciones responden a la evolución que ha experimentado el crimen organizado y a la necesidad de adaptar las herramientas del Estado frente a nuevas amenazas.
La autoridad sostuvo que las personas involucradas en delitos de mayor gravedad deberán enfrentar condiciones penitenciarias acordes al nivel de peligrosidad que representan.
Restricciones de visitas y comunicaciones
La propuesta también considera limitar las visitas que reciben determinados internos, además de aplicar mayores restricciones sobre sus mecanismos de comunicación con el exterior.
Entre las medidas planteadas se encuentra el control de medios de comunicación utilizados por los reclusos y una mayor fiscalización de su correspondencia.
El objetivo principal sería disminuir las posibilidades de que internos vinculados a organizaciones criminales mantengan contacto con sus estructuras en el exterior y continúen impartiendo instrucciones desde la cárcel.
Buscan cortar vínculos con organizaciones criminales
De acuerdo con lo explicado por el subsecretario, el nuevo régimen pretende aislar a los líderes criminales de los lugares y personas relacionadas con la comisión de delitos, dificultando que puedan mantener control territorial o dirigir operaciones desde establecimientos penitenciarios.
La reforma penitenciaria se enmarca dentro de las medidas de seguridad que el Gobierno busca impulsar a través de la ACOT, agenda enfocada en fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar al crimen organizado y al terrorismo.
Fuente de información: ADN Radio.
