La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado aprobó por unanimidad un proyecto que busca postergar la entrada en vigencia de la obligación para que los supermercados ofrezcan un 30% de bebestibles en envases retornables.
La medida está contemplada en la Ley N°21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas, y que actualmente establece que desde el 7 de julio de 2026 los supermercados deberán disponer de este tipo de productos en una parte de sus vitrinas.
Sin embargo, la iniciativa aprobada propone aplazar esta exigencia hasta el 7 de enero de 2028, debido a las dificultades que existen en el mercado para contar con una oferta suficiente de bebidas en formato retornable.
El proyecto, impulsado por el senador Sergio Gahona y respaldado por los senadores Alfonso De Urresti y Ricardo Celis, deberá ser revisado ahora por la Sala del Senado en una próxima sesión.
Durante la discusión, el senador Gahona explicó que la modificación responde a un problema práctico, ya que los supermercados deberán cumplir con la cuota exigida, pero actualmente la producción de envases retornables es limitada.
Según se expuso en la comisión, solo dos grandes compañías elaboran bebestibles retornables: Coca-Cola y CCU. Además, su oferta se concentra principalmente en bebidas carbonatadas, en formatos de entre dos y tres litros, mientras que productos como aguas, jugos y otras categorías aún no cuentan con una disponibilidad amplia en este sistema.
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, calificó la propuesta como “necesaria y razonable”, considerando las dificultades logísticas que enfrenta la implementación de la normativa. No obstante, reconoció que esta sería la tercera modificación de plazos vinculada a la ley.
La secretaria de Estado adelantó que dentro de dos meses el Ejecutivo presentará un proyecto para abordar los problemas prácticos que han dificultado la aplicación de las normas sobre plásticos de un solo uso.
Desde la comisión también surgieron cuestionamientos respecto a si los dos años de prórroga serán suficientes para que la industria pueda cumplir con la exigencia del 30% de productos retornables.
La iniciativa además contempla ajustes en los requisitos de certificación para productos de materiales biodegradables, con el objetivo de disminuir costos y evitar exigencias duplicadas para los fabricantes.
Fuente de información: Senado
