El Gobierno manifestó su disposición a respaldar iniciativas que busquen modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en medio del debate generado por la denominada “Ley Alejandro”, propuesta impulsada por la familia del niño de 12 años que murió tras una encerrona en San Bernardo.
La iniciativa busca endurecer las sanciones para delitos cometidos en grupo, como las encerronas, estableciendo condenas efectivas y sin beneficios para los responsables, independiente de la edad de los involucrados.
La propuesta surge luego del fallecimiento de Alejandro Águila, quien murió durante una encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo. Por este caso, dos adolescentes de 17 años fueron detenidos por su presunta participación, mientras que otros imputados también enfrentan medidas cautelares decretadas por el tribunal.
Durante un punto de prensa, el padre del menor pidió que los responsables reciban las máximas sanciones permitidas por la legislación vigente.
“Como familia hoy solo queremos justicia. Esperamos que los asesinos de nuestro hijo Alejandro reciban la pena máxima, la más alta que permita la ley”, señaló.
Además, la familia planteó la necesidad de revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, argumentando que el actual sistema no entregaría una respuesta proporcional frente a delitos de alta gravedad.
Junto con el endurecimiento de penas, el proyecto contempla la creación de una pensión transitoria para las víctimas de este tipo de delitos, con el objetivo de entregar apoyo económico durante el proceso de duelo y la reorganización de sus dinámicas laborales y familiares.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo este lunes que el Ejecutivo ya venía evaluando posibles cambios a la normativa antes de ocurrido el crimen.
“Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias”, afirmó el secretario de Estado.
Arrau agregó que el sistema actual “no está dando buena respuesta” y que el Gobierno apoyará iniciativas que permitan avanzar en esa dirección.
Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, indicó que el Ejecutivo revisará, junto al Ministerio de Justicia, proyectos que ya se encuentran en tramitación en el Senado.
Entre ellos figura una iniciativa impulsada por el senador Andrés Longton, que propone aumentar las penas para delitos de alta connotación pública y hechos violentos.
La autoridad señaló que durante los próximos días se analizará si dichas propuestas cumplen con los objetivos planteados por la familia de Alejandro o si será necesario impulsar nuevas modificaciones legales.
En paralelo, Carabineros confirmó la detención de un sexto presunto involucrado en la encerrona. Respecto de los imputados ya formalizados, el tribunal decretó prisión preventiva para los dos mayores de edad e internación provisoria para los adolescentes de 17 años.
