La diputada Muñoz manifestó su apoyo a la posible suspensión del proyecto de electromovilidad anunciado para Osorno, cuestionando la forma en que fue diseñado y asegurando que su implementación podría generar graves consecuencias para trabajadores del transporte público y usuarios de distintos sectores de la ciudad.
Según la parlamentaria, la iniciativa impulsada por el otrora Ministerio de Transportes, no habría considerado adecuadamente a los actuales propietarios y operadores de microbuses de Osorno, lo que podría poner en riesgo cientos de fuentes laborales vinculadas al rubro.
“Estamos hablando de un proyecto que fue llevado adelante sin considerar a quienes hoy prestan el servicio de transporte público en la ciudad. Existe el riesgo de que cientos de familias queden sin empleo”, afirmó.
Muñoz también cuestionó aspectos técnicos de la propuesta, señalando que no se habrían tomado en cuenta las características viales de Osorno ni la necesidad de mantener recorridos que hoy son fundamentales para miles de vecinos. En ese sentido, advirtió que algunos sectores ya enfrentan problemas de conectividad y frecuencias insuficientes.
“Hay recorridos que han costado años consolidar y no pueden ser modificados arbitrariamente desde Santiago sin conocer la realidad local. Vecinos de sectores como Ovejería siguen esperando mejores frecuencias y más máquinas para trasladarse”, sostuvo.
La diputada señaló además que las observaciones realizadas al proyecto, sumadas a las restricciones presupuestarias existentes, generan dudas respecto de su viabilidad.
Por ello, aseguró que respaldaría una eventual decisión del Ministerio de Transportes de detener o replantear la iniciativa. “No podemos impulsar proyectos solo porque incorporan electromovilidad si no evaluamos seriamente el impacto que tendrán sobre las personas. La modernización debe hacerse con responsabilidad, considerando a todos los actores y la realidad de Osorno”, indicó.
Finalmente, Muñoz afirmó que la electromovilidad es una meta positiva para la ciudad, pero recalcó que debe implementarse cuando existan las condiciones técnicas, financieras y sociales adecuadas, resguardando tanto el medio ambiente como las necesidades de los usuarios y trabajadores del transporte público.
