La Ley Ricarte Soto, que financia tratamientos para enfermedades de alto costo y baja prevalencia, se encuentra suspendida de manera indefinida desde el 23 de diciembre, situación que estaría afectando directamente a más de 30 mil pacientes que dependen de esta cobertura para continuar sus terapias.
Según los antecedentes entregados, la paralización mantiene detenida la evaluación de al menos 39 tratamientos que ya estaban admitidos, generando preocupación entre agrupaciones de pacientes y organizaciones vinculadas a distintas patologías.
Falta de informe presupuestario sería la causa
La suspensión estaría relacionada con la falta del informe presupuestario obligatorio que debe emitir la Dirección de Presupuestos (Dipres), documento necesario para avanzar en la incorporación de nuevas coberturas.
Hasta ahora, no existirían plazos definidos ni un cronograma público para la entrega del informe, lo que ha sido cuestionado por pacientes afectados, quienes advierten consecuencias graves ante la falta de continuidad en tratamientos.
Senador Juan Luis Castro acudió a Contraloría
Frente a este escenario, el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud, presentó un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para que se revise la legalidad de esta medida.
El parlamentario sostuvo que la suspensión indefinida estaría vulnerando la continuidad de una política pública permanente, dejando en incertidumbre a miles de personas que requieren tratamientos urgentes y de alto costo.
El requerimiento busca que Contraloría determine si la paralización se ajusta a la normativa vigente y, además, que se oficie al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud con el fin de reactivar el proceso y entregar certezas respecto al futuro de las coberturas.
Contraloría inició una investigación
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la contralora Dorothy Pérez acogió la presentación y confirmó el inicio de una investigación, mientras pacientes y organizaciones continúan presionando por respuestas concretas y una solución que permita retomar la actualización de la ley.
Fuente: Cooperativa y DiarioUChile
