La Comisión de Hacienda concluyó el despacho del proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, iniciativa que busca fortalecer la estrategia preventiva frente a este tipo de siniestros en el país.
Luego de que el Ejecutivo hiciera presente la urgencia de discusión inmediata del proyecto —que se encuentra en segundo trámite—, la comisión revisó y despachó la propuesta en dos jornadas de sesiones, avanzando así en su tramitación legislativa.
Críticas por falta de medidas de persecución y recursos
En medio de la contingencia por los devastadores incendios que han afectado zonas urbanas de las regiones de Ñuble y Biobío, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Ximena Rincón, aseguró que el proyecto despachado presenta aspectos pendientes.
“Hemos despachado el proyecto de ley de incendios, un proyecto que, lamentablemente, como lo hemos dicho tantas veces, no aborda la persecución a los culpables de los incendios, no dota de mayor herramientas ni recursos a la fiscalía y no aborda temas que son muy importantes”, señaló, destacando la necesidad de que estas materias se aborden en otro texto legal.
La parlamentaria también indicó que la comisión analizó el proyecto en al menos seis oportunidades, además del trabajo con equipos técnicos, aunque sostuvo que “no había sido priorizado previamente por el Ejecutivo en el marco del acuerdo de la agenda legislativa”.
Asimismo, aclaró que una vez aprobado el texto legal, su entrada en vigencia se proyecta para el próximo año, ya que “no contempla recursos para el presente ejercicio presupuestario”.
Apoyo al avance y reparos por impacto en pequeños propietarios
Por su parte, el senador Ricardo Lagos enfatizó la necesidad de que el proyecto sea despachado prontamente, destacando que permitirá fortalecer las medidas orientadas a la prevención de incendios forestales y rurales.
“Espero que sea despachado luego, porque puede marcar una diferencia”, señaló.
El senador también explicó que durante su tramitación se plantearon reparos, especialmente por dificultades de carácter financiero y por las obligaciones que deberán asumir los pequeños propietarios en materia preventiva, además del rol que corresponde al Estado para responder a estas exigencias.
Según se indicó, la iniciativa entrega nuevas herramientas y busca un mecanismo ágil para incorporar las zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de planificación territorial, junto con definir áreas de amortiguación, con el objetivo de reducir riesgos mediante el manejo obligatorio de la vegetación y la implementación de cortafuegos.
Durante la sesión se sometieron a votación 20 artículos de competencia de la comisión, definidos conforme al nuevo informe financiero entregado por el Ministerio de Hacienda, además de las indicaciones del Ejecutivo referidas al régimen sancionatorio.
Las modificaciones apuntaron principalmente a rebajar los topes máximos de las multas: de 2.000 a 1.000 UTM mensuales para infracciones graves, y de 5.000 a 3.000 UTM para infracciones gravísimas.
Este punto generó un amplio debate, ya que, a juicio de los legisladores, “no se fortalece de manera equivalente la persecución penal de los incendios ni se incorporaran apoyos económicos suficientes para el cumplimiento de las nuevas obligaciones preventivas”.
Pese a las observaciones, las y los senadores integrantes de la comisión coincidieron en relevar la importancia de contar con esta ley como una herramienta preventiva frente a los incendios forestales y rurales. No obstante, subrayaron la necesidad de profundizar el análisis de algunos aspectos de la iniciativa, especialmente aquellos que podrían afectar a los pequeños propietarios, con el objetivo de otorgar mayor claridad, equidad y certeza en su aplicación.
Fuente: Senado (https://www.senado.cl/)
