Con respaldo transversal y una votación unánime en general, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves el proyecto de reforma constitucional que busca modificar la dependencia de Gendarmería de Chile, trasladándola desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública. El objetivo es que la iniciativa quede despachada antes del próximo cambio de mando.
La sesión contó con la participación de seis de los trece integrantes de la comisión, todos los cuales respaldaron la propuesta, argumentando la profunda crisis estructural que enfrenta el sistema penitenciario. Durante el debate, parlamentarios de distintos sectores coincidieron en que los recientes episodios de fugas y hechos de corrupción han evidenciado la urgencia de un cambio institucional de fondo.
Desde el oficialismo y la oposición se sostuvo que Gendarmería ha sido exigida al máximo en sus funciones, mientras que diversos escándalos han marcado un punto de inflexión que obliga a redefinir su rol dentro del Estado.
Pese al amplio apoyo, la iniciativa no estuvo exenta de reparos. La presidenta de la comisión advirtió sobre los efectos que la reforma podría tener en materia de derechos laborales, especialmente en lo relativo a la organización sindical de los funcionarios. No obstante, reconoció que, en contextos de crisis de seguridad, el Estado enfrenta decisiones complejas y de alto costo social.
El proyecto establece que la labor de reinserción social continuará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, mientras que la función de seguridad de Gendarmería será elevada a rango constitucional, equiparándola a Carabineros y la Policía de Investigaciones como fuerza de orden y seguridad pública.
Fin de las asociaciones gremiales
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la imposibilidad de que sigan existiendo asociaciones gremiales al interior de Gendarmería, lo que ha generado críticas desde el mundo penitenciario. Desde el Ejecutivo se defendió la constitucionalidad de la medida, argumentando que los sistemas democráticos permiten restringir ciertos derechos cuando están en juego la seguridad nacional o el interés público.
En contraste, representantes del Frente Penitenciario manifestaron su preocupación por la eventual pérdida de representación de los funcionarios en futuras discusiones legislativas, así como por la falta de definiciones claras respecto a posibles cambios en materias remuneracionales y previsionales, similares a los regímenes vigentes en Carabineros y la PDI.
El plazo para presentar indicaciones vence este jueves y estas serán analizadas el próximo martes por la comisión. De aprobarse, el proyecto podría ser despachado a la Sala la próxima semana. Al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación definitiva requerirá un quórum reforzado.
