David, el afectado por el caso, relató que a fines de julio llevó su vehículo para venderlo en una automotora que operaba entonces bajo el nombre Automotora MyC SpA. Según explicó, por motivos laborales no podía gestionar la venta de manera personal, por lo que decidió confiar el trámite a este local.
“Firmamos un recibo de vehículos, donde se detallaban las características, el año y el valor en que yo quería venderlo. Lo dejé ahí y me fui tranquilo”, señala.
Sin embargo, pocas semanas después —en agosto— el afectado regresó al lugar y encontró el espacio completamente vacío. La automotora ya no funcionaba en la dirección original. Vecinos del sector le comentaron que un día “llegaron, sacaron los autos y se fueron”.
Tiempo después, David reconoció su vehículo publicado en redes sociales, pero ahora asociado a otro local. Allí, la misma empresa operaba bajo una nueva denominación: Sur Motors. En el local trabajaban las mismas personas que habían recibido su vehículo semanas antes.
Al consultar por el estado de la venta, recibió reiteradas explicaciones respecto a que los fondos “aún no habían sido liberados”, argumentando distintos problemas administrativos. Esto se repitió durante varias semanas.
“Me decían lo mismo siempre. Que todavía no liberaban el dinero, que volviera en unos días. Hasta que me cansé y les dije que vería esto por la vía judicial”, afirma.
El vehículo había sido dejado para venderse en 5 millones de pesos, con un máximo de dos cuotas, tal como quedó estipulado en el documento firmado originalmente.
El afectado contrató un abogado y comenzó a indagar por su cuenta. Fue entonces cuando tomó conocimiento de otros casos similares.
“Me encontré con varias personas que llevaban cuatro o cinco meses esperando el pago por sus vehículos. Otros contaban que compraron autos que fallaron a los dos días. Todo apuntaba a un patrón”, relata.
Según indica, distintos testimonios revelarían que la automotora utilizaría la estrategia de cerrar un local al acumular múltiples reclamos, para abrir luego bajo un nuevo nombre en otra dirección.
David fue contactado por un hombre que había encontrado su vehículo y localizado a quien lo conducía. Carabineros detuvo al sujeto y trasladó el automóvil a la comisaría de Rahue. El conductor —según supo después— también había sido víctima.
El comprador había entregado su propio vehículo en parte de pago más dinero en efectivo, adquiriendo el automóvil por 8 millones de pesos, sin saber que la venta era irregular. Al solicitar la transferencia, nunca recibió respuesta.
“El caballero también fue engañado. Compró de buena fe, entregó su vehículo y su plata. Y después lo dejaron botado con la misma historia de que ‘venga mañana’”, explica David. El segundo afectado incluso firmó papeles de compraventa que, según el relato, fueron utilizados para traspasar su vehículo a un tercero, lo que ahora también deberá resolverse judicialmente.
Aunque David logró recuperar su automóvil, afirma que la demanda continuará, pues considera que existe un daño económico y moral evidente, además de gastos legales y tiempo perdido. “Esto no se trata solo de que recuperé el vehículo. Aquí hay perjuicios y hay que evitar que sigan jugando con la gente. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”, sostiene.
El abogado del denunciante ya presentó acciones legales por apropiación indebida, y se evalúa sumar nuevos antecedentes relacionados con otras eventuales víctimas. David señala que decidió hacer pública su experiencia para evitar que otras personas pasen por lo mismo.
“Muchos no quieren meterse en demandas, se quedan callados. Pero esto no puede seguir. Tienen que responder por lo que han hecho”, concluye.
Finalmente, el medio tomó contacto con la automotora, pero no obtuvo respuesta. La empresa no ha entregado aclaraciones ni soluciones a los afectados y continúa operando pese a las denuncias.
