El Gobierno informó que el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), desarrollado entre 2022 y 2025, alcanzó su meta principal al concretar la construcción de 260 mil viviendas a nivel nacional.
Según el balance entregado por el Ejecutivo, a esta cifra se suma una cartera activa de más de 150 mil viviendas actualmente en ejecución y otras 70 mil próximas a iniciar obras, lo que proyecta continuidad en la oferta habitacional durante los próximos meses.
El reporte oficial subraya que el plan tuvo cobertura en el 97% de las comunas del país y consideró la gestión de más de 2.800 hectáreas de suelo. Además, el programa representó el 57% de la inversión inmobiliaria nacional en el período, consolidando un rol clave en el sector construcción.
En términos regionales, diez regiones superaron el 100% de sus metas establecidas y dos incluso sobrepasaron su promedio anual histórico de edificación de viviendas.
Montes: “Queremos que el próximo gobierno produzca más viviendas”
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó que uno de los ejes del plan fue recuperar la planificación como herramienta central en la política habitacional.
“Una de las cosas que tiene el plan de emergencia es que recupera el sentido de la planificación, es decir, adelantarse, fijar metas y organizarlas en cada región y comuna”, señaló la autoridad.
El secretario de Estado también resaltó la expansión hacia territorios con mayores desafíos logísticos, como la implementación de un programa insular de vivienda en Chiloé, iniciativa que no existía anteriormente.
De cara al futuro, Montes afirmó que el desafío es mantener el ritmo de construcción y dejar capacidades instaladas para las próximas administraciones. “Hemos trabajado para que el próximo gobierno produzca más viviendas que nosotros”, sostuvo, apuntando al impulso de la vivienda industrializada como mecanismo para acelerar soluciones habitacionales.
En otro ámbito, el ministro se refirió al debate sobre la eventual liberalización del suelo, planteada por el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Montes manifestó reparos a esa fórmula, señalando que experiencias anteriores demostraron que el suelo no se comporta como otros bienes y que su liberalización podría terminar elevando los precios en lugar de reducirlos.
