Un grave incidente quedó al descubierto la mañana del miércoles en el Centro de Justicia de Santiago, luego de que un imputado que debía permanecer detenido lograra abandonar el recinto tras hacerse pasar por otra persona que sí quedaba en libertad.
Según información dada a conocer por ADN Radio, el hecho se produjo durante la audiencia de formalización de tres personas investigadas por el delito de estafa, ocurrido en la comuna de La Florida. En dicha instancia, el 13° Juzgado de Garantía decretó medidas cautelares que no implicaban prisión preventiva para algunos de los imputados.
Sin embargo, uno de ellos, identificado como Luis González Yáñez, mantenía una orden de detención vigente por causas previas vinculadas a receptación y falsificación, motivo por el cual debía quedar en tránsito para una nueva audiencia de control fijada para la misma jornada.
Aprovechando la confusión generada en la sala, el imputado entregó datos personales falsos, asegurando ser otro de los acusados que recuperaba su libertad, logrando así salir caminando del edificio sin ser detectado por el tribunal, los abogados presentes ni por personal de Gendarmería de Chile.
El error fue advertido horas más tarde, lo que derivó en la emisión inmediata de una orden de captura para dar con el paradero de González Yáñez, quien actualmente se mantiene prófugo. En tanto, la persona cuya identidad habría sido utilizada fue detenida y será investigada por el delito de usurpación de identidad.
Tras conocerse lo ocurrido, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, calificó el hecho como una “negligencia inexcusable”, anunciando sanciones administrativas inmediatas. Entre las medidas adoptadas se encuentra la remoción del jefe del subdepartamento de servicios especializados y de la oficial a cargo del sector, además de la suspensión de dos funcionarios que se encontraban cumpliendo labores en la sala de audiencias.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía Centro Norte y se suma a otros episodios similares registrados en los últimos meses en distintas zonas del país, lo que vuelve a poner en cuestionamiento los protocolos de seguridad y control al interior del sistema judicial y penitenciario.
