El proyecto de ley que busca reconocer y fortalecer a las ferias libres como un pilar clave de la alimentación y el desarrollo local quedó en condiciones de cumplir su último trámite legislativo, luego que la Sala aprobara gran parte de los cambios introducidos por la Comisión de Economía.
Con este avance, la iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se revisarán las modificaciones efectuadas en el Senado, en lo que corresponde al tercer trámite constitucional.
Un marco legal para formalizar el funcionamiento de las ferias.
La propuesta, iniciada por mensaje, establece una definición oficial y un marco jurídico integral para las ferias libres, con el objetivo de formalizar su funcionamiento y entregar mayor estabilidad al sector.
Entre sus principales medidas, se contempla la creación de ordenanzas municipales específicas y un Registro Nacional de Ferias Libres, buscando fortalecer este rubro como actividad productiva y comercial relevante a nivel local.
Durante la última sesión ordinaria, las y los senadores analizaron y votaron las indicaciones presentadas por la Comisión de Economía. Primero se aprobaron, de forma unánime, las normas que no habían sido modificadas. Luego, se revisó en detalle el resto del articulado, en un debate que incluyó intervenciones de diversos parlamentarios y también del ministro de Economía, Álvaro García.
¿Qué cambios fueron aprobados?
Tras las votaciones, se aprobó que la ley tenga por finalidad otorgar reconocimiento jurídico, regular, proteger y fomentar las ferias libres, promoviendo la seguridad alimentaria y nutricional del país, además de establecer una regulación básica para otros tipos de ferias.
Uno de los puntos destacados fue la definición de qué podrá ser considerado como feria libre. En esa línea, se aprobó que podrán ser reconocidas como tales aquellas ubicadas tanto en zonas urbanas como rurales, siempre que cuenten con permisos para vender productos alimenticios de origen vegetal o animal en un porcentaje mínimo de entre un 51% y un 70%.
Asimismo, se acordó que la solicitud para instalar una feria podrá ser presentada por el Consejo Participativo Comunal de Ferias, juntas de vecinos, otras organizaciones comunitarias, o por al menos 25 vecinas o vecinos domiciliados en la unidad vecinal donde se emplazará, mediante una petición formal a la autoridad municipal.
En cuanto a la convivencia con otros establecimientos, la iniciativa establece que no podrá invocarse como causa única para el cierre o la modificación esencial de una feria la instalación de supermercados u otros centros comerciales.
Otro punto que generó debate fue la propuesta de exigir un certificado de antecedentes penales para quienes quisieran obtener un permiso y trabajar en una feria. Sin embargo, esta idea fue rechazada, tras argumentos de distintos senadores que señalaron que la medida podía transformarse en una forma de discriminación y afectar la reinserción laboral.
Finalmente, se aprobó que el Consejo incorporará a dos representantes del sector no gubernamental, académico u organizaciones multilaterales vinculadas al desarrollo de ferias libres y seguridad alimentaria, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto.
Con este avance legislativo, el proyecto queda a la espera de su revisión final en la Cámara de Diputados, donde se definirá su despacho definitivo como ley.
