Una demanda civil fue interpuesta ante los tribunales de justicia en contra de la Ilustre
Municipalidad de Osorno y el Gobierno Regional de Los Lagos, acusando una serie de
graves irregularidades técnicas, administrativas y contractuales en el proyecto de
reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat, una de las obras educacionales más
relevantes de la comuna y de la región de Los Lagos.
La acción judicial fue presentada por Constructora Baker Limitada y su representante legal,
quienes solicitan la nulidad del contrato, liquidación y falta de servicio junto con
indemnizaciones por daños que superan los 45 mil millones de pesos, derivadas —según
se expone— de una ejecución inviable desde su origen, basada en antecedentes falsos,
permisos caducados y diseños estructurales defectuosos.
“Baker fue una empresa importante en la región de Los Lagos en la ejecución de obras
públicas, tan importantes como el CAMM de Puerto Varas o el Centro Cultural de
Castro, y que quebró, no por actos irregulares de sus administradores y propietarios,
sino que producto de un proyecto mal diseñado y con grave responsabilidad
administrativa de la Municipalidad de Osorno especialmente, en un proceso con
hechos que podrían bordear la corrupción”, explicó el abogado Marcos Velásquez,
representante ante tribunales de la demanda presentada por la Constructora.
(IN) SEGURIDAD ESTRUCTURAL
De acuerdo con la demanda, el municipio licitó y adjudicó el proyecto afirmando que contaba
con permiso de edificación vigente, pese a que dicho permiso se encontraba caducado
desde el año 2017, vicio que —a juicio de la parte demandante— invalida jurídicamente todo
el proceso posterior y constituye un engaño determinante para la contratación.
En tanto, uno de los aspectos más delicados del caso dice relación con la seguridad
estructural del establecimiento. La constructora sostiene que los diseños entregados por
la autoridad presentaban pilares y elementos estructurales que no cumplían normas sísmicas
básicas, lo que, de haberse construido conforme al proyecto original, habría puesto en riesgo
la vida de estudiantes, docentes y funcionarios del recinto educacional.
La demanda también denuncia una cadena de negligencias en la supervisión técnica,
incluyendo la intervención de profesionales sin responsabilidad legal vigente, modificaciones
estructurales firmadas por proyectistas no habilitados y la actuación de Inspectores Técnicos
de Obra que no se encontraban inscritos en el registro del MINVU, contraviniendo la
normativa vigente.
En el plano financiero, el escrito judicial detalla que la constructora debió asumir sobrecostos
millonarios para intentar subsanar errores que no le eran imputables, enfrentando además
el alza extraordinaria de materiales durante la pandemia, sin que dichas cargas fueran
reconocidas ni compensadas por la autoridad contratante.
Según se expone en la acción, tras más de ocho ampliaciones de plazo y con cerca de un
70% de avance físico de la obra, el municipio puso término anticipado al contrato invocando
una supuesta paralización injustificada, hecho que la demanda califica como falso, arbitrario
e ilegal, y que habría precipitado la liquidación financiera de la empresa demandante.
Posteriormente, el municipio y el Gobierno Regional habrían adjudicado la continuidad del
proyecto por montos que quintuplican el valor de las obras pendientes, generando —
según la demanda— un severo perjuicio al erario público y levantando serias interrogantes
sobre la gestión de los recursos fiscales involucrados.
Desde la parte demandante señalan que esta acción judicial no solo busca la reparación del
daño económico sufrido, sino también transparentar responsabilidades administrativas y
técnicas en una obra pública emblemática, cuyo fracaso —afirman— terminó afectando a
una comunidad educativa completa y al patrimonio de una empresa con más de dos décadas
de trayectoria en el país.
“Esta demanda pretende que se aclare la verdad de todos los hechos, que los
responsables asuman sus responsabilidades, pero también para prevenir que se
produzcan riesgos a la integridad, a la vida de los estudiantes y la comunidad escolar
del Liceo Carmela Carvajal de Osorno. Por ello, es importante que la Dirección de
Arquitectura del MOP revise los detalles del proyecto. Tiene graves problemas. Esto
puede causar una tragedia”, finalizó el abogado representante de la Constructora Baker,
Marcos Velásquez.
