El Senado de Chile despachó este martes a tercer trámite constitucional el proyecto de ley que regula la prevención y mitigación de incendios forestales, por lo que la iniciativa deberá continuar ahora su discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La propuesta legislativa busca fortalecer el marco normativo existente, incorporando nuevos instrumentos que permitan al Estado y a los propietarios actuar de manera anticipada frente al riesgo de incendios, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad.
Durante la sesión, la Sala aprobó las disposiciones que no presentaban observaciones y respaldó, por mayoría, una serie de votaciones separadas y enmiendas introducidas durante la tramitación. El proyecto establece conceptos clave como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación, áreas en las que los propietarios deberán implementar medidas obligatorias de prevención, tales como cortafuegos y manejo de vegetación.
Asimismo, la iniciativa entrega atribuciones al Servicio Nacional Forestal para fiscalizar el cumplimiento de los planes preventivos y aplicar sanciones económicas proporcionales a la gravedad de las infracciones, las que pueden alcanzar multas de hasta 3.000 UTM en los casos más graves.
El texto también promueve la responsabilidad ciudadana, la educación técnica en prevención y el uso de sistemas de agroforestería como herramientas para disminuir la propagación del fuego. A ello se suman modificaciones a la normativa urbanística, orientadas a agilizar la actualización de los instrumentos de planificación territorial frente a amenazas de desastre.
Otro de los ejes del proyecto es el fortalecimiento de la coordinación entre organismos públicos, permitiendo una mejor articulación en patrullajes preventivos, peritajes y asistencia técnica, especialmente dirigida a pequeños productores rurales.
Debate y puntos pendientes
La discusión en el Senado estuvo marcada por reparos de algunos parlamentarios, quienes advirtieron eventuales efectos “expropiatorios” en las zonas de amortiguación. Desde la Comisión de Agricultura, sin embargo, se aclaró que la norma se sustenta en el principio de responsabilidad social y no contempla expropiaciones.
Uno de los aspectos que quedó pendiente corresponde al artículo 18, relacionado con indemnizaciones por daño patrimonial en zonas de amortiguación, cuyo último párrafo fue rechazado con el fin de permitir una nueva formulación durante las siguientes etapas del proceso legislativo.
Finalmente, desde el Senado se enfatizó el carácter urgente de la iniciativa, recordando que han transcurrido más de dos años desde su ingreso al Congreso, período en el que el país ha enfrentado incendios forestales con graves consecuencias humanas, económicas y ambientales.
