A dos años de su ingreso al Congreso y tras los recientes incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, la discusión en torno a la denominada “Ley de Incendios” volvió a tomar fuerza, debido a que el proyecto aún no se convierte en ley y continúa generando diferencias tanto técnicas como políticas.
La iniciativa fue despachada por la Cámara de Diputadas y Diputados en marzo de 2024, sin embargo, su tramitación se frenó en la Comisión de Hacienda del Senado, pese a contar con la urgencia del Ejecutivo.
El objetivo central del proyecto es evitar tragedias como el megaincendio ocurrido en la Región de Valparaíso, que dejó 138 víctimas fatales. No obstante, especialistas de la Universidad de Santiago (Usach) han planteado dudas sobre si el enfoque actual permitirá evitar futuras catástrofes o si se mantiene principalmente en lo punitivo.
“La ley es reactiva, no preventiva”, advierten académicos de la Usach
Leoncio Briones, académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Usach, sostuvo que la propuesta se basa principalmente en castigos y que, por sí sola, no evitará que los incendios continúen ocurriendo.
Según Briones, se requiere trabajar de manera seria en prevención, lo cual implica financiamiento y estrategias concretas, ya que una ley por sí misma no elimina el problema.
Esta postura fue respaldada por Jorge Morales Gamboni, exdirector regional de Conaf y académico de la misma facultad, quien afirmó que el proyecto “no tiene ninguna relación con las emergencias”.
Morales también cuestionó que la propuesta aumente las multas por no realizar cortafuegos y otras acciones preventivas, pero sin establecer incentivos que permitan que esas medidas se ejecuten efectivamente.
En esa misma línea, mencionó que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) podría desarrollar mayores labores de prevención, pero —según indicó— no cuenta con recursos financieros suficientes, ya que se prioriza el presupuesto para combatir incendios.
Plantaciones forestales y el rol de la interfaz urbano-rural
En el debate público se ha mencionado con frecuencia la responsabilidad de plantaciones forestales de pino o eucalipto en la propagación del fuego. Sin embargo, Morales desestimó que la solución pase por restringir especies.
El académico sostuvo que los incendios no dependen directamente de la especie, sino de cómo se relaciona el territorio con las ciudades, especialmente en zonas de interfaz urbano-rural, donde se incrementa el riesgo.
Cambio de uso de suelo: la norma rechazada que abrió controversia
Uno de los puntos más polémicos de la tramitación fue el rechazo, por parte de la oposición, del artículo que buscaba prohibir el cambio de uso de suelo por 30 años en zonas afectadas por incendios.
Jorge Aranda, experto en derecho ambiental de la Facultad de Derecho de la Usach, defendió la importancia de este artículo, señalando que tras incendios forestales es frecuente que sobre el suelo quemado se desarrollen proyectos, incluyendo iniciativas inmobiliarias.
Aranda explicó que la prohibición buscaba proteger los planes de manejo de preservación exigidos por la ley de bosque nativo, los cuales podrían ser evitados una vez ocurrido un siniestro.
No obstante, sobre este tema existen posturas distintas. Morales sugirió que una prohibición de ese tipo debería aplicarse solo si se demuestra que el incendio fue intencional con ese objetivo, mientras Briones advirtió que existen alternativas mejores para mitigar el problema y que las restricciones deben ser técnicas y no arbitrarias.
Reparos en el Senado: financiamiento y plazos de implementación
Tras el llamado del Presidente Gabriel Boric a despachar el proyecto, y las críticas por la demora en su tramitación, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón (Demócratas), anunció que la iniciativa será puesta en tabla este miércoles.
Sin embargo, la senadora cuestionó que el proyecto no haya sido priorizado, afirmando que no cuenta con financiamiento para 2026 y que, según se señaló en la discusión presupuestaria, su implementación se proyectaría para 2027.
Además, advirtió que incluso si se aplicara, la iniciativa estaría desfinanciada en más de 600 millones de pesos.
