La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el funcionamiento de la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), conocida como la “Tía Rica”, tras constatar serias deficiencias en los controles internos aplicados a los empeños realizados entre 2023 y 2024.
De acuerdo con el Informe N°400 de 2025, el organismo fiscalizador detectó que miles de usuarios realizaron operaciones de manera reiterada, registrándose casos extremos de personas que efectuaron hasta 230 empeños en un solo año. En 2023, se identificaron 4.769 personas con entre 10 y 229 transacciones, las que involucraron montos superiores a los $7.139 millones. En 2024, la cifra aumentó a 4.895 usuarios, alcanzando operaciones por más de $7.290 millones.
La auditoría también reveló que 1.681 personas con antecedentes penales accedieron a créditos prendarios por un total de $1.507 millones, sin que posteriormente recuperaran las especies empeñadas. Pese a la gravedad de estos antecedentes, la DICREP no realizó denuncias ni derivó la información a organismos policiales ni al Ministerio Público.
Según el informe, el servicio carece de procedimientos básicos para verificar la identidad de los usuarios, la procedencia lícita de los bienes y la reiteración de operaciones. Asimismo, se constató la inexistencia de sistemas de alerta y de mecanismos de coordinación con las policías, aun cuando los objetos empeñados cuentan con información relevante como números de serie y modelos, elementos clave para la trazabilidad de especies.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría ordenó iniciar un procedimiento disciplinario con el fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público.
Además, instruyó a la DICREP a reforzar sus mecanismos de control, medidas que serán evaluadas en una auditoría de seguimiento para verificar su cumplimiento.
