Un duro rechazo manifestó la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) frente al anuncio del presidente Gabriel Boric de impulsar una profunda reforma a Gendarmería de Chile, tras el masivo operativo denominado “Operación Apocalipsis”, que permitió desbaratar una extensa red de corrupción al interior de los recintos penitenciarios Santiago 1 y San Joaquín.
La investigación, desarrollada en siete regiones del país, dejó más de 60 personas detenidas, entre ellas 44 funcionarios de Gendarmería del penal Santiago I, quienes estarían vinculados a una estructura dedicada a la venta de favores y otros ilícitos. De acuerdo con los antecedentes, el monto involucrado superaría los $6.300 millones en un período de tres años.
Gobierno anuncia reforma constitucional a Gendarmería
Tras conocerse estos hechos, el Gobierno anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional destinada a separar las funciones de seguridad pública y reinserción social. Según lo informado por el propio presidente Boric, Gendarmería pasaría a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las labores de reinserción social quedarían bajo el alero del Ministerio de Justicia, a través de una nueva institucionalidad especializada.
“Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de la Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social”, afirmó el mandatario.
Asimismo, agregó que “con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública”.
Demandas del gremio penitenciario
En este contexto, Anfup exigió que cualquier modificación en la dependencia ministerial de la institución incluya garantías concretas en materia de estabilidad laboral y previsional, respeto a los derechos adquiridos —como bonos, asignaciones y carrera funcionaria—, además de mejoras reales en las condiciones laborales, de seguridad e infraestructura.
El gremio también subrayó la necesidad de resguardar el derecho a la sindicalización y rechazó lo que calificó como “decisiones unilaterales” por parte del Ejecutivo.
Finalmente, Anfup emplazó al Gobierno a abrir de manera inmediata una mesa de trabajo con las organizaciones del sector, con el objetivo de abordar de forma seria, responsable y participativa cualquier transformación estructural que afecte la naturaleza jurídica de Gendarmería de Chile.
