El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), ejecutó este martes la expulsión de 69 personas extranjeras en un vuelo chárter con destino a Colombia y Perú, en el marco de los procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Con esta operación, el país suma 1.068 expulsiones durante 2025, entre ellas 828 administrativas y 240 judiciales.
Según informó el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, en los últimos cuatro años se han concretado más de mil expulsiones a través de vuelos chárter y comerciales. El director destacó que, desde el inicio del Gobierno del presidente Gabriel Boric, se han realizado más de 4 mil expulsiones, distribuidas en 22 vuelos chárter y cientos de vuelos comerciales.
Thayer señaló que la entrada en vigencia de la Ley 21.325 ha permitido fortalecer la normativa migratoria, haciendo más eficientes los procedimientos destinados a expulsar a personas extranjeras que han cometido delitos en el país.
“El trabajo coordinado con las policías, junto al aumento de la capacidad tecnológica y de fiscalización, ha sido clave para avanzar hacia una normalización del flujo de expulsiones previo al cambio normativo”, afirmó.
Por su parte, Polly Ureta Aburto, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, detalló que entre los expulsados 49 son de nacionalidad colombiana y 20 peruana.
Las personas trasladadas registraban expulsiones vigentes, tanto judiciales como administrativas, asociadas a delitos como homicidio, violación, robo, contrabando, infracciones a la ley de drogas y a la ley de armas, entre otros.
Ureta precisó que estas expulsiones responden a las constantes fiscalizaciones realizadas por las unidades de Migraciones y Policía Internacional en todo el país. “Son estas inspecciones las que permiten denunciar a las personas infractoras ante la autoridad administrativa para la aplicación de la sanción correspondiente”, señaló.
El Gobierno destacó que continuará reforzando los controles y procesos migratorios con el objetivo de resguardar la seguridad pública y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
