Gendarmería de Chile y la Universidad de Los Lagos firmaron un convenio de colaboración para la implementación de la Ley Nº20.603, iniciativa legal que permite a los condenados por delitos de baja connotación social cumplir la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad.
En virtud de este acuerdo, la Universidad de Los Lagos entregará un total de 15 plazas mensuales para el cumplimiento de esta pena que es alternativa a la reclusión. Esos 15 cupos se dividirán de la siguiente forma: 7 en la sede de Osorno, 7 en la sede de Puerto Montt y 1 en la sede de Castro, para labores de mantención y áreas verdes.
El convenio fue firmado por el rector de la Universidad de Los Lagos, Oscar Garrido Álvarez, y por el Director Regional de Gendarmería en Los Lagos, Coronel Gustavo Flores Abarca.
“Hace muchos años que estamos en una alianza estratégica con Gendarmería y firmar este convenio nos permite afianzar la relación entre dos instituciones públicas atendiendo la reinserción y entendiendo que ese es un tema central para asegurar la estabilidad de aquellas personas que han cometido un error. Ambas instituciones tenemos que trabajar por la reinserción, porque es un tema estratégico para nuestra sociedad”.
Por su parte, el Coronel Flores destacó la trascendencia de este tipo de convenios y agradeció la constante disposición de la Universidad de Los Lagos para favorecer acciones que impulsan la reinserción social.
“La reinserción social es una de las principales misiones de Gendarmería de Chile en la actualidad. Pero esa no es una labor que nuestra institución pueda cumplir de forma aislada, porque para concretar la rehabilitación de las personas condenadas se necesita el apoyo de la sociedad en su conjunto. Y a esa tarea se están sumando con mucho entusiasmo las organizaciones que han firmado los convenios de la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad con nosotros, como en este caso la Universidad de Los Lagos”.
En la región, Gendarmería ha firmado un total de 143 convenios con instituciones que apoyan este quehacer, de las cuales 45 pertenecen a la provincia de Osorno, 53 a la provincia de Llanquihue y 45 a la provincia de Chiloé.
A esta pena pueden acceder aquellas personas que fueron condenadas a una pena privativa de libertad menor a 300 días por la Ley 20.603 y también aquellas personas deben cancelar el pago efectivo de una multa por la Ley 20.587, sustituyéndose esta pena inicial por la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad conforme al cálculo determinado por la Ley.
Esta pena tiene una esencia reparadora permitiendo mantener a la persona integrada en la comunidad por el tiempo que deba cumplirla, evitando afectar la vida familiar, laboral y social del penado.
