La Corte Suprema dictó el pasado 30 de diciembre un fallo histórico al dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que el Estado de Chile transgredió garantías internacionales al otorgar beneficios de reducción de penas a condenados por crímenes de lesa humanidad.
La resolución se enmarca en el caso “Vega González vs. Chile”, el cual impacta a 14 causas vinculadas a delitos cometidos durante la dictadura, y reafirma que este tipo de crímenes no admite beneficios penales como la rebaja de condenas.
En su decisión, la Corte Suprema dejó sin efecto la aplicación de la denominada “media prescripción”, figura legal que permite disminuir penas cuando ha transcurrido al menos la mitad del plazo legal de prescripción del delito, mecanismo que había beneficiado a exagentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el máximo tribunal estableció que la edad de los condenados no puede ser un obstáculo para el cumplimiento efectivo de las penas.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), su jefa regional en la Región Metropolitana, Beatriz Contreras, valoró la resolución señalando que “la anulación de estas rebajas de pena en procesos emblemáticos no es solo un acto de cumplimiento de una sentencia de la Corte IDH, sino un acto de justicia necesario para las víctimas y sus familias”.
La abogada agregó que desde el INDH “seguiremos vigilantes para que este precedente se traduzca en una práctica permanente de nuestros tribunales, garantizando el respeto irrestricto a la normativa del derecho internacional de los derechos humanos y sus estándares”.
Como resultado del fallo, cuatro exagentes del Estado deberán volver a prisión, 24 verán aumentadas sus condenas —entre ellos Álvaro Corbalán y Miguel Krassnoff—, mientras que dos personas quedaron con la medida de reclusión domiciliaria total.
Cabe recordar que el INDH asistió en septiembre pasado a la audiencia realizada por la Corte Suprema, con el objetivo de resguardar el acceso efectivo a la justicia en estas causas. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en 19 casos contra el Estado de Chile, relacionados con materias como libertad de expresión, acceso a la verdad y la justicia, igualdad ante la ley y no discriminación, entre otras.
