Por primera vez, y en el marco de la implementación de la Ley Integral, este lunes sesionó la Comisión de Articulación Interinstitucional (CAI), un nuevo espacio creado para coordinar a las instituciones del Estado que intervienen frente a la violencia de género, con el objetivo de asegurar respuestas más oportunas y efectivas para quienes se enfrentan a estos delitos.
La sesión fue encabezada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y reunió a representantes del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y diversos ministerios, en un esfuerzo por articular, a nivel nacional, las medidas de prevención, sanción, atención, protección y reparación.
“Hoy estamos dando un primer paso muy relevante en el abordaje de la violencia de género, porque por primera vez estamos poniendo a conversar, de manera ordenada, a las instituciones que intervienen en esta materia. De este modo, no solo estamos cumpliendo con la Ley Integral que aprobamos durante este Gobierno, sino también con una forma distinta de enfrentar la violencia de género, que entiende que, sin coordinación y trabajo serio, no hay respuestas efectivas. Así, estamos sentando las bases de una política pública de largo plazo, cuyos resultados se verán en los próximos cinco a diez años”, sostuvo la ministra Antonia Orellana.
Durante su primera sesión, la Comisión votó la propuesta de conformación de subcomisiones de trabajo, entre ellas la Subcomisión de Coordinación de Medidas Estatales contra la Violencia de Género, la Subcomisión de Información sobre la Violencia de Género y la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios, las que permitirán ordenar y profundizar la labor que las instituciones ya realizan en estas materias.
Asimismo, las y los integrantes de la CAI discutieron y votaron el Plan Nacional por el Derecho a Vidas Libres de Violencia de Género 2022–2030, política pública estratégica del Estado en la materia, actualizada en el marco de la promulgación de la Ley Integral y alineada con los compromisos internacionales y la Agenda 2030.
En el desarrollo de su trabajo, la Comisión tendrá entre sus funciones aprobar y hacer seguimiento al Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género; coordinar las medidas que adopten los órganos del Estado según sus competencias en materia de prevención de la violencia de género, como asimismo de atención y protección de las víctimas; entre otras.
