El Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Los Lagos, Cristóbal Fuenzalida Palma, valoró positivamente que el Congreso despachara ayer, de manera oficial, el proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, iniciativa que propone un organismo descentralizado y destinado a permitir el acceso a la justicia a través orientación legal, asesoría y representación jurídica, así como apoyo sicológico y social a quienes no puedan procurarse por sí mismos; y, en especial, a las víctimas de delitos.
“La creación del nuevo servicio constituye un avance institucional muy significativo para nuestro país. Por un lado, simplifica la obtención de distintas prestaciones en el área jurídica a todas las personas, haciéndoles más fácil y más expedito poder acceder efectivamente a la Justicia, siendo representados por profesionales especialista en distintas áreas”, expresó la autoridad.
El Seremi Fuenzalida agregó que “además, da un lugar muy significativo a las víctimas, brindándoles no solo representación jurídica, sino que también se atiende a sus necesidades sociales y emocionales, tan necesarias luego de haber experimentado la comisión de delitos violentos”.
En lo medular, el nuevo servicio nacional unifica la asistencia judicial y la atención de víctimas de delitos en un servicio público de carácter nacional, simplificando para las personas la obtención de sus prestaciones y mejorando su provisión al consolidar experiencias que antes estaban dispersas en distintas entidades.
Además, crea la Defensoría de Víctimas, que entrega atención integral –tanto jurídica como psicosocial– a víctimas de delitos, en particular de aquellos más violentos, reforzando la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana y saldando de este modo una deuda pendiente con la ciudadanía.
También entregará asistencia jurídica especializada respecto de diversos grupos y ámbitos, como niños, niñas y adolescentes; adultos mayores; defensa laboral y derechos humanos, estableciendo estándares de calidad y mecanismos de control en la atención de personas usuarias, avanzando hacia un enfoque de derecho y garantía para la ciudadanía en su acceso a la justicia.
La implementación del nuevo servicio será gradual, a partir de los 18 meses de la publicación de la ley, con inicio en la zona norte, específicamente desde las regiones de Arica a Valparaíso.
