Seis establecimientos dependientes del DAEM de Osorno enfrentan un proceso de fusión que reduciría su número a la mitad. La medida, que busca disminuir costos de mantención, ha generado molestia y preocupación en equipos educativos y familias, quienes aseguran que no existe información clara ni un plan de mitigación para resguardar los derechos de estudiantes y funcionarios.
Uno de los casos corresponde a la Escuela Monseñor Francisco Valdés, que podría fusionarse con la Escuela Juan Ricardo Sánchez. Desde allí, la encargada del Programa de Integración Escolar (PIE), Pamela Cárcamo, sostuvo que las comunidades fueron tomadas por sorpresa y que la forma en que se ha llevado adelante este proceso refleja una mala gestión desde el municipio.
“Hoy día tenemos la visita de una comisión que viene a evaluar cuál de los dos establecimientos está en mejores condiciones para recibir al otro. Pero esto nos llegó de improviso, primero a los equipos y luego a los apoderados. No se conversó con la comunidad, no hubo un plan previo de mitigación y eso genera incertidumbre, angustia y pérdida de confianza”, afirmó.
Cárcamo advirtió que las consecuencias ya se sienten en las familias, donde muchos apoderados evalúan retirar a sus hijos. “Ya hay padres que nos han dicho: ‘Yo no me voy a ir a la otra escuela, me voy a un colegio particular’. Esto pone en riesgo la matrícula, y sin matrícula no hay financiamiento. Entonces, si el propósito era bajar costos, tampoco se va a cumplir. Aquí lo que hay es desorganización y malas decisiones”, enfatizó.
En su calidad de encargada PIE, agregó que uno de los puntos más graves es la falta de resguardo para estudiantes con necesidades educativas especiales. “Los equipos PIE corren el riesgo de ser disueltos o reubicados, lo que rompe vínculos, interrumpe planes de apoyo y deja a muchos niños sin la continuidad que necesitan. Eso pasa a llevar derechos garantizados por ley”, denunció.
Según Cárcamo, el municipio tampoco ha entregado garantías de que el proceso cumpla con las normativas vigentes. “Ni siquiera se ha informado qué carpeta de evidencia van a presentar a la Seremía. Aquí no se ha hecho el debido proceso, no hay transparencia y se están pasando a llevar derechos fundamentales de estudiantes y funcionarios. Esto no solo afecta a nuestra escuela, afecta a todas las comunidades que están bajo amenaza de fusión”, concluyó.
El futuro de los seis establecimientos debería definirse prontamente. Mientras tanto, la incertidumbre se ha instalado en cientos de familias de la educación municipal de Osorno.
