La operación se realizó en un avión comercial con escoltas de la Policía de Investigaciones. Según informó el Ejecutivo, se trata del tercer vuelo de expulsión efectuado en los últimos 40 días.
El Gobierno informó este domingo 24 de mayo la ejecución de un nuevo vuelo de expulsión, mediante el cual 80 ciudadanos extranjeros abandonaron Chile con destino a Bolivia y Colombia.
A diferencia de operativos anteriores, el traslado se realizó en un avión comercial destinado al procedimiento, en el que también viajaron funcionarios escoltas de la Policía de Investigaciones (PDI), encargados de resguardar la ejecución de las expulsiones.
La información fue entregada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien destacó que esta modalidad permitiría concretar una mayor cantidad de expulsiones en comparación con los vuelos realizados anteriormente mediante aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile.
La autoridad señaló que, con este procedimiento, el Gobierno suma tres vuelos de expulsión en un periodo de 40 días, en el marco del plan de control y reordenamiento migratorio impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast.
Entre las personas expulsadas se encontrarían dos ciudadanos condenados por delitos de gravedad: uno por extorsión y otro por un homicidio cometido en Chile durante el año 2015.
Pavez sostuvo que el Ejecutivo busca enviar una señal clara respecto al cumplimiento de la normativa migratoria y la persecución de extranjeros que hayan cometido delitos en territorio nacional.
Por su parte, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, entregó un balance de las cifras registradas durante 2026. Según detalló, se contabilizan 2.446 salidas voluntarias de personas extranjeras, frente a las 1.442 registradas en el mismo periodo del año anterior.
Asimismo, la autoridad informó que durante este año se han materializado 683 expulsiones administrativas y 97 expulsiones judiciales, alcanzando un total de 780 personas expulsadas del país.
El operativo se suma a las acciones anunciadas por el Gobierno en materia migratoria, que contemplan expulsiones, fiscalizaciones y medidas destinadas a reducir los ingresos irregulares al territorio nacional.
