En el marco de este caso, la Comisión de Salud de la Cámara recibió a la contralora general de la República, Dorothy Pérez. Tras la exposición, sus integrantes remarcaron que se debe perfeccionar el sistema, lamentando que “paguen justos por pecadores”.
Rechazo transversal por parte de las y los integrantes de la Comisión de salud de la Cámara generó el informe CIC N°9 de la Contraloría general de la república, que destapó el mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.
El grupo parlamentario hizo eco de las palabras de la jefa de este servicio, Dorothy Pérez, con respecto a las licencias médicas. En su presentación remarcó que se debe “reforzar el sistema nacional de control para que estas situaciones no se repitan”.
Para ahondar en el caso, la comisión abordó las distintas aristas en las que están involucrados los más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras estaban con licencias médicas. Al respecto, se coincidió en que “se trata de una situación grave”.
Abuso de las licencias médicas
En el debate, el diputado Agustín Romero consultó sobre las sanciones que enfrentarán quienes participaron de estas irregularidades. Asimismo, señaló que se debe distinguir entre licencias fraudulentas y quienes no respetaron el reposo.
Por otro lado, se preguntó de qué sirve el control ético si el profesional involucrado no pierde el título. Por ello, se planteó que se debe efectuar una sanción ejemplar para que no se vuelva a cometer este delito.
Tomás Lagomarsino manifestó su inquietud en relación a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y si esta ya está rechazando licencias de manera retroactiva. Particularmente, calificó como gravísimo que un médico con licencia realizara una consulta o cirugía en otro recinto.
Entre las intervenciones primó el “pagan justos por pecadores”. Se apuntó a personas con un diagnóstico real a los que se les deben facilitar los procesos y cuyos datos maneja el Minsal.
Hernán Palma analizó la situación de los médicos extranjeros que están involucrados en este caso. A su juicio, muchos de ellos, que ya escaparon de Chile, montaron “verdaderas mafias” en torno estos mecanismos.
En tal marco, recordó que se reunieron las firmas para la creación de una comisión investigadora que ahonde en estos hechos que han generado un repudio transversal. A propósito de esto, la solicitud se presentó en la cuenta de la sesión de Sala de hoy y, por unanimidad, la Corporación aprobó su creación.
Se revisarán los actos del Gobierno, en especial, del Ministerio de Salud, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, el Fondo Nacional de Salud, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social, en relación con el deber de fiscalizar el correcto otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público. También respecto del cumplimiento del periodo de reposo y la realización de viajes al exterior durante su vigencia en contradicción con el reposo prescrito respecto de ellas.
Sanciones
Patricio Rosas dijo que este es un tema que se viene tratando desde antes de la pandemia. Además, alertó sobre los costos para el Estado respecto de cómo se ha abusado del seguro público.
Para Fernando Bórquez, es preciso saber cuáles son los funcionarios que usaron de forma ilegal estas licencias, entendiendo que hay gente que actúo de buena fe.
Danisa Astudillo también coincidió en que es un tema muy antiguo. Planteó que han habido altas tazas de ausentismo pero, también, casos justificados, por lo que debe establecerse un mecanismo adicional que permita buscar las responsabilidades.
Igualmente, Marlene Pérez manifestó que se trata de un hecho inaceptable. Una situación tremenda en la que no hubo la fiscalización debida ni la alerta frente al alto número de licencias.
Por lo anterior, el llamado transversal entre las y los diputados fue a ejercer sanciones ejemplares. De igual modo, que estas alertas se extiendan al sector privado, pues no se trataría de un hecho solo del sector público. Junto a ello, se instó a una modernización del sistema.
