El Gobierno endureció su crítica al proyecto de conmutación de penas al informar que 738 personas mayores o con enfermedades podrían verse beneficiadas por la propuesta. La cifra fue utilizada por el Ejecutivo para advertir que la iniciativa tiene un alcance relevante y no se limita a casos excepcionales de baja incidencia.
Desde el Ministerio de Justicia se cuestionó la viabilidad política y jurídica del texto, señalando que la discusión no puede tratarse como un simple ajuste técnico. La postura oficial ha sido que el proyecto abre una puerta compleja en materia penal y puede generar un efecto público delicado si termina alcanzando a condenados por delitos de alta gravedad.
El debate se volvió especialmente sensible por la cercanía del cambio de mando y porque la oposición ha intentado presentar la medida como un cumplimiento alternativo de condena, mientras el oficialismo insiste en que podría significar una señal de impunidad. Esa diferencia de enfoque ha marcado gran parte del choque político de las últimas horas.
Con la cifra ya instalada en la agenda, la discusión probablemente seguirá ocupando un lugar central en los próximos días. El tema toca directamente seguridad, justicia, derechos humanos y narrativa política, por lo que es uno de los asuntos más delicados del cierre del actual ciclo de gobierno.
