Un proyecto de ley que busca endurecer las exigencias de seguridad en los servicios de turismo aventura comenzó a ser analizado por la Comisión de Economía del Senado, en el marco de su segundo trámite legislativo. La iniciativa apunta a combatir la informalidad del sector y reducir los accidentes, varios de ellos con consecuencias fatales ocurridos en los últimos años.
Actualmente, la inscripción en el Registro Nacional de Servicios Turísticos es voluntaria, situación que —según se expuso en la comisión— ha facilitado el funcionamiento de operadores sin certificación ni estándares mínimos de seguridad.
Origen de la iniciativa
La propuesta legislativa surge tras la muerte de Diego Albornoz Coronado, joven de 23 años que falleció en febrero de 2024 luego de realizar un salto de bungee en el Cajón del Maipo. La investigación estableció negligencia por parte del instructor, quien no contaba con la experiencia, permisos ni equipamiento adecuado para desarrollar la actividad.
Cambios clave del proyecto
Durante su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto incorporó una indicación sustitutiva del Ejecutivo que introduce modificaciones relevantes. Entre ellas, se establece que el Servicio Nacional de Turismo será el encargado de otorgar un distintivo oficial denominado “Sello R”, el cual acreditará que los prestadores cumplen con los estándares de seguridad exigidos por la normativa.
Dicho sello deberá ser exhibido obligatoriamente en un lugar visible de las instalaciones y también en la vestimenta institucional de los operadores, junto a un código de verificación que permita confirmar su validez.
Asimismo, el proyecto establece que la inscripción en el registro será obligatoria para los operadores de turismo aventura, requisito indispensable para poder funcionar legalmente, previa verificación del cumplimiento de las normas de seguridad que se fijarán mediante reglamento.
Sanciones y fiscalización
La iniciativa contempla sanciones para quienes incumplan estas disposiciones, incluyendo multas expresadas en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). También se castigará la entrega de antecedentes falsos, la adulteración del código de verificación o la falsificación de certificados de cumplimiento.
En los casos más graves, como la falta reiterada de inscripción o el incumplimiento de los estándares de seguridad, se podrá decretar la clausura temporal del establecimiento, e incluso su cierre definitivo en caso de reincidencia.
Posturas desde el Congreso y el sector
El presidente de la Comisión de Economía, el senador Daniel Núñez, recordó recientes accidentes ocurridos en zonas turísticas del país, señalando que estos hechos “son más habituales de lo que se cree”, lo que hace urgente avanzar en una regulación más estricta.
En tanto, uno de los autores de la moción, el diputado Jorge Guzmán, enfatizó la necesidad de elevar los estándares de seguridad frente al aumento de siniestros asociados al turismo aventura, aclarando que el proyecto no contempla gasto fiscal, ya que las exigencias deberán ser asumidas por los propios operadores.
Por su parte, Paola Coronado, madre del joven fallecido, hizo un llamado a acelerar la tramitación legislativa, cuestionando el carácter amateur de algunos servicios en un país que se promociona internacionalmente como destino líder en turismo aventura.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Turismo (s), Felipe Abarca, indicó que ya se han actualizado 15 normas técnicas del sector y que se espera completar las restantes durante el presente año, destacando la necesidad de respaldar estos cambios con una base legal sólida.
Finalmente, el vicepresidente de la Federación Nacional de Guías de Turismo, Nelson Valencia, advirtió que, pese a existir más de mil guías inscritos, aún persiste una alta cantidad de operadores informales que no forman parte del registro oficial.
Fuente: Senado
